Las «resucitaciones» de Banco Popular y el calvario de Emilio Saracho

Ya ha pasado la Semana Santa, pero parece que no es así para los antiguos gestores de Banco Popular. A su último presidente, Emilio Saracho, le ha sabido a via crucis por la peineta que le ha hecho el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a su petición de que concluya ya la pieza que le afecta. Pero su antecesor, Ángel Ron, tampoco está mucho mejor, ya que el magistrado está decidido a destapar su truco del almendruco de no restarse del capital las acciones que los clientes compraron con créditos del propio banco en la ampliación de 2016. Y todavía no ha descubierto otro procedimiento de lo más llamativo para maquillar las cuentas: las «resucitaciones».

La catástrofe que acabó con la resolución del Popular una aciaga madrugada de junio de 2017, en la que perdieron todo su dinero sus accionistas y tenedores de bonos subordinados, ha dado pie a dos piezas separadas en la Audiencia: una sobre el falseamiento de las cuentas para la ampliación de capital de 2016 (Calama ha dejado fuera la de 2012, nadie sabe por qué) en la etapa de Ron y otra sobre la actuación de Saracho en el hundimiento final del banco en los apenas tres meses que lo presidió.

Esta segunda pieza se abrió a petición de un despacho de abogados amigo de Ron con el principal objetivo de embarrar el terreno de juego y desviar la atención de la cuestión e las cuentas, puesto que de lo que acusa a Saracho es de hacer caer la cotización difundiendo noticias falsas (por la parte que le tocó a un servidor en esta historia en su día, puedo decir que eso es falso) para hacer caer el valor. Según esta teoría de la conspiración, su intención sería, o bien ganar dinero porque Saracho estaba corto (bajista) en el valor, o bien hundirlo para que se lo pudiera quedar gratis el Santander de Ana Botín, con quien se supone que estaba conchabado desde el principio.

Pese a la endeblez de estas acusaciones, Calama no ha querido cerrar la pieza como le pide el expresidente, sino que quiere interrogar a una sopa de letras: el MUS, el MUR, la JUR y el FROB. Lioso, ¿verdad? Los dos primeros son la partes del BCE, encargadas de la supervisión y de la resolución bancaria, respectivamente. La JUR es la  Junta Única de Resolución europea que tomó la decisión de intervenir el Popular, y el FROB es nuestro fondo de rescate bancario español (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que inyectó el dinero en Bankia y demás cajas quebradas, y que ejecutó la orden de la JUR.

No viene mal para esclarecer cómo fueron los últimos días del banco, algo que sigue en una nebulosa, pero no estaría mal preguntar también a los entonces responsable del Banco de España por qué le negaron la liquidez que la entidad necesitaba para sobrevivir. Y, en todo caso, aunque es innegable la torpeza de Saracho al reconocer públicamente que el banco no podía aguantar sin una ampliación o una venta, parece complicado encontrar una actuación delictiva.

La financiación de acciones en la ampliación, probada

Cuestión distinta es la otra pieza, la de la ampliación de 2016, donde Calama ha mordido hueso y no lo va a soltar. Las pruebas, los informes del Banco de España y de la CNMV, y las declaraciones de los exdirectivos de Popular (aunque se echan la culpa unos a otros) dejan bastante claro lo que denunció el propio Saracho en su día: que Ron concedió financiación a numerosos clientes para que compraran acciones en la ampliación (eso es legal) pero luego no restó esas acciones del capital del banco pese a que la entidad ‘compra’ sus propias acciones y se queda con ellas si el cliente no devuelve el préstamo (y eso sí es ilegal porque da una falsa impresión de solvencia mucho mayor de la real).

Tal es el convencimiento del magistrado de que esta práctica fue real que esta semana también ha abierto la puerta a que los que pidieron esos créditos dejen de pagarlos -siguen debiendo el dinero pese a que las acciones no valen nada- sin que les pase nada: ha prohibido a Santander, heredero de Popular, que los meta en un registro de morosos si no devuelven el préstamo.

De hecho, la cosa fue todavía más grave. Primero, porque Popular disfrazó esos préstamos para que no pareciera que eran para comprar acciones -aunque cometió el error de que el importe fuera similar al de la inversión en la ampliación, lo que hizo cantar a la gallina-. Y segundo, porque, en muchos casos, se exigió a los clientes que compraran esas acciones para mantenerles las líneas de crédito que necesitaban para sus negocios. Es decir, si no pedían más dinero para ir a la ampliación, se quedaban sin crédito. Algo que ya había hecho otro banco cuya dudosa solvencia ahuyentaba a los grandes inversores en su salida a bolsa: Bankia.

Las «resucitaciones», otro ejemplo de cómo se falseaban las cuentas

Pero es que esa no fue el único truco de Ron para disfrazar la verdadera situación del Popular, para intentar esconder el agujero que le causó el estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que llegó tarde y, por ello, se quedó con lo peorcito del crédito promotor. Es legendaria su manipulación de la tasa de morosidad: en vez de calcularla como el crédito moroso sobre la cartera de crédito total, como todo el mundo, la obtenía dividiendo los morosos entre todo el activo (incluyendo bonos, acciones y demás inversiones), con lo que salía más baja. Y el Banco de España con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tocando el violón.

Pero aún hacía cosas más delirantes, como las «resucitaciones». Cuando un banco da por irrecuperable un crédito, lo tiene que provisionar al 100% y pasarlo a fallidos (darlo por muerto), con lo que deja de contar como moroso. Pues bien, esta práctica que según fuentes del banco se inventó Eutimio Morales, anterior interventor general del banco, consistía en «resucitar» esos créditos muertos (fallidos) y quitar un poco de esas provisiones, de modo que ya no estaban cubiertos al 100%. Eso elevaba la morosidad porque volvían a computar como morosos, pero subía mucho más la tasa de cobertura (el porcentaje de los morosos cubiertos por las provisiones) global del banco porque eran créditos provisionados en un 90% ó 95%. O sea, que compensaba «resucitarlos» para dar una mejor imagen del banco. Y total, la tasa de morosidad ya estaba maquillada.

A esto hay que sumar cosas como el déficit de provisiones para muchos créditos donde no se reconocía la pérdida real o las garantías con que contaban formalmente muchos de ellos pero que no aparecían por ningún lado. La realidad es que el Popular debió ser rescatado junto a las cajas de ahorros en 2012, pero por factores principalmente políticos (el discurso oficial era que la crisis solo afectaba a las cajas politizadas pero no a los bancos con gestión profesional) se le permitió alargar su agonía a la espera de una recuperación que a la postre fue insuficiente.  Y que al final se lo llevó por delante arruinando a 300.000 pequeños inversores.

Si Calama quiere de verdad depurar responsabilidades, debería mirar a la CNMV y, sobre todo, al Banco de España entre 2011 y 2017. Y que esta vez no se vayan de rositas, como se fueron escandalosamente en el caso de la salida a bolsa de Bankia.